Política 05-12-2017

Alto Comisionado de ONU preocupado por ley que avala rol de militares en México

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad Hussein, expresó su preocupación por la ley de Seguridad Interior que avala el despliegue de militares en tareas de seguridad pública en las calles de México y que discute el Senado.

"La legislación propuesta en México, que prevé la participación de las fuerzas armadas en tareas de cumplimiento de la ley, es un proyecto muy preocupante", dijo Hussein en un comunicado emitido desde su sede en Ginebra y difundido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ciudad de México.

El alto cargo de la ONU reconoció que las autoridades de México se enfrentan a "un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuencia organizada".

Desde hace más de una década las fuerzas armadas fueron desplegadas en el país en la llamada "guerra contra las drogas", decretada en 2007 por el entonces presidente Felipe Calderón y continuada por el actual mandatario Enrique Peña Nieto, sin una legislación que la regule.

Hussein afirmó que, no obstante, "la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas".

El proyecto de ley sobre seguridad interior es una iniciativa del Ejecutivo federal que fue aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y remitida al Senado, que la discute para su adopción y promulgación final por el presidente Peña Nieto.

La ley, que legaliza el papel de las fuerzas en tareas de seguridad pública, es considerada por organismos civiles de derechos humanos en México como "inconstitucional" y creen que se convertirá en un "arma política" contra la oposición.

Elementos "inquietantes"

El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados contiene varios "elementos inquietantes", indicó el máximo responsable de la protección de los derechos humanos de la ONU.

Entre otros, menciona que, "en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las fuerzas armadas".

Además, la autorización a las fuerzas armadas de tareas policiales "no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados".

La legislación también "carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza".

Al Hussein recordó que durante su visita a México en 2015 las autoridades le dijeron que el despliegue de militares había sido "inevitable" debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales.

Pero esas mismas autoridades le aseguraron que "estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policía robustas y mejor preparadas, tanto en el plano federal como el estatal", reseña el posicionamiento.

No obstante, el Alto Comisionado señala que el proyecto de ley, a punto de terminar el proceso legislativo, no menciona el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad "ni contiene una estrategia de salida gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas de policía".

Por ello, "no es la respuesta adecuada", puntualizó el responsable de la ONU.

La estrategia recomendada por la ONU sugiere "fomentar la seguridad ciudadana" y aplicar normas internacionales de derechos humanos, investigar violaciones y "garantizar la rendición de cuentas por las vulneraciones cometidas".

La postura de Al Hussein ratifica una carta que su oficina en México envió al Senado para advertir que "la ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria".

El Alto Comisionado se suma así a la preocupación que suscita el proyecto de ley en un amplio abanico de instituciones, organizaciones y especialistas, entre ellos el Colectivo Seguridad Sin Guerra, que aglutina a casi 300 organizaciones civiles y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (ombudsman federal).

Entre las instituciones internacionales que se oponen a la ley también se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las representaciones de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y la ONU Mujeres en México.

Peña Nieto y el oficialismo esgrimieron que en México "no existen las capacidades policiales" para hacer frente a la grave situación de inseguridad por la que atraviesa el país latinoamericano.

Sputnik