Economía 10-09-2018

Cambios institucionales no extinguen auditorías en Ecuador

El anuncio del Gobierno de fusionar y cerrar instituciones públicas conlleva no solo cambios administrativos y económicos, sino dudas con respecto a cómo se garantizará que las investigaciones por corrupción en el Estado continúen.

En un primer momento, las autoridades manifestaron su intención de fusionar varios ministerios, secretarías y empresas públicas, así como otros organismos que repiten funciones y generan un alto gasto.

Se habló, por ejemplo, de la posible unificación de las carteras de Comercio con Industrias o de Agricultura con Acuacultura, y el cierre de la Secretaría de Comunicación. También se ha discutido la fusión de Petroecuador y Petroamazonas, del Servicio de Rentas Internas y las Aduanas...

¿Qué pasará con las auditorías en marcha en esas instituciones? Según José Agusto, secretario de Planificación, con el rediseño “las responsabilidades y obligaciones no se extinguen”, pues las auditorías y exámenes especiales de la Contraloría deben continuar independientemente de lo que suceda con la institución.

Según la Contraloría, con datos cortados al 1 de septiembre de este año, en los 29 ministerios existen 327 exámenes especiales en ejecución, en 12 secretarías de Estado, 37; en 22 empresas públicas, 256; y en otras 6 entidades, 35 más. Ninguna de esas acciones de control ha concluido aún.

En total hay 655 auditorías abiertas; o sea, cerca de la cuarta parte de las acciones de control de la Contraloría.

Una vez que los auditores concluyan la revisión, si hubiese irregularidades se podrían identificar responsabilidades administrativas, civiles y penales por delitos de corrupción.

Jorge Rodríguez, coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción, recuerda la fusión de Filanbanco con La Previsora como un antecedente a tomar en cuenta.

Explica que en el caso de las empresas públicas “se deben hacer los cortes adecuados para que no se hagan enjuagues de tipo contable para eludir pérdidas y sobreprecios; es mucho más fácil que suceda cuando se va de un sistema a otro; la informática permite ocultar y desaparecer ciertas cosas”.

En su criterio, para las fusiones previstas se debe contar con auditorías internas y externas en cada institución.

El excontralor Alfredo Corral sostiene que por ley los archivos de cada entidad deben guardarse hasta por cinco años, “de tal manera que cualquier cambio no afecte a la actividad de control”.

Además, subraya, la Contraloría puede revisar las cuentas de cualquier institución del Estado en los últimos siete años.

Fuentes de la Contraloría explicaron que mientras no se emitan los términos definitivos de las fusiones y cierre de algunas instituciones no es posible asegurar que el ofrecimiento de transparencia y apertura a las auditorías se mantenga.

Su visión es, más bien, escéptica, pues el hecho de que desaparezca un ministerio sí podría alterar los tiempos en que se realiza un examen y entorpecer las sanciones.

Agusto, no obstante, insistió en que al final del proceso de reestructuración el Gobierno publicará los balances, los estados financieros y demás información de orden público.

5 años es el tiempo que las entidades públicas deben guardar sus archivos, según la legislación actual.

El Universo