Política 12-09-2018

Equipo de López Obrador y ONG buscan nuevo fiscal contra impunidad en México

Una negociación del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador con organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos busca nombrar al titular de la nueva fiscalía general, para combatir la impunidad, dijo a Sputnik una de las principales asesoras del mandatario electo, Tatiana Clouthi. El Kremlin no descarta una reunión de Putin y López Obrador en Argentina o México

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"Acordamos con los colectivos de organizaciones los primeros pasos, pero no se comenzará con cambios constitucionales, sino que avanzaremos a la nueva ley orgánica de la fiscalía, como primer punto, para que transite en el Senado el proceso para proponer un fiscal general", dijo Clouthier, quien será una de las figuras principales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) en el Congreso.

Esa secuencia no dejó satisfechas a más de 300 organizaciones y expertos de los colectivos "Fiscalía que sirva" y "Vamos por más", que planteaban realizar primero las reformas constitucionales pendientes, después aprobar una ley orgánica, para culminar con una designación despolitizada del nuevo fiscal autónomo, que fuera realmente independiente de la presidencia y los poderes políticos y económicos.

Clouthier explica que primero se debe aprobar una ley orgánica para la nueva fiscalía, pendiente desde la reforma Constitucional del 2014, que creó la creó para reemplazar a la desprestigiada Procuraduría General de la República (PGR), mediante artículos transitorios que permitirán comenzar con un nuevo fiscal nombrado al futuro Gobierno.

"El resto de las reformas constitucionales que reforzarán la ley orgánica de la fiscalía, se realizarían en una segunda etapa, en un periodo aproximado de un año, para que entren a operar a la brevedad", adelantó a esta agencia la dirigente originaria de Monterrey el principal polo industrial del norte del país.

Esa secuencia implica que en el nuevo Congreso, que abrió sesiones el 1 de septiembre pasado, avance con el reglamento de la nueva institución, a partir de esta semana.

Un "artículo transitorio" serviría para atender de forma provisoria los temas que requieren de una reforma constitucional posterior.

La novedad es que el proceso comenzará en el Senado y no en la presidencia, con participación de las organizaciones defensoras de DDHH, para proponer a diez candidaturas, entre las cuales López Obrador seleccionará a tres, que regresará a los congresistas para que elijan.

"El país tiene tres problemas: corrupción, violaciones a los derechos humanos e impunidad, son temas muy concretos que hay que atender, sin ponerles nombre y apellido", ataja Clouthier cuando se le pregunta por los casos emblemáticos.

De esta forma, declinó mencionar casos específicos heredados por el Gobierno anterior en los que la sociedad exige "justicia, reparación del daño y garantías de no repetición".

Poner nombre y apellido

Por su parte, Haydee Pérez Garrido directora ejecutiva del centro de análisis Fundar, que participa en el proceso con las organizaciones "Fiscalía que sirva" y "Vamos por más", dijo a Sputnik que "la secuencia del proceso de designación del fiscal sí importa".

Desde hace dos años, los colectivos han enfatizado que el proceso debería tener tres momentos, en un orden imperativo: primero comenzar con una reforma constitucional que le dé a la fiscalía autonomía del poder político; después aprobar una ley orgánica integral secundaria; y, finalmente la designación transparente del titular de la nueva Fiscalía.

Asimismo, deberían designarse los titulares de las fiscalías especiales anticorrupción y contra delitos electorales, que el Congreso anterior y el Gobierno del presidente saliente Enrique Peña Nieto dejan acéfalas; y nombrar las cabezas de dos nuevas fiscalías de derechos humanos y de vigilancia interna dentro de la propia fiscalía.

Esa exigencia cobra sentido, porque López Obrador, su partido y sus fuerzas aliadas lograron en las lecciones del 1 de julio mayorías en las cámaras a nivel federal y en los congresos de todo el país.

"Tienen el mandato y el poder de tomar las decisiones en el Ejecutivo y el Legislativo, pero ellos sostienen que la secuencia la ven distinta", lamentó la experta.

La representante ciudadana también lamenta que el Gobierno electo se niegue a "poner nombre y apellido" a los casos que han puesto sobre la mesa las organizaciones, de corrupción, graves violaciones a derechos humanos e impunidad.

"Nosotros sí tenemos los nombres y apellidos de los casos: los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014, de los militares del ejército involucrados en la masacre de Tlatalaya (que ejecutaron a mansalva a presuntos delincuentes que se habían rendido), de los responsables de la estafa maestra que malversó fondos federales, del peculado de los gobernadores, o la red de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para conseguir contratos con (la petrolera estatal) Pemex", enumeró Pérez Garrrido.

Desde la perspectiva de los colectivos "vemos muy cuesta arriba la ruta que propuso el equipo de transición, porque creemos que con el control del Congreso del partido gobernante era posible un proceso más expedito".

La ciudadanía que otorgó 30 millones de votos a López Obrador espera además que "el plan de persecución penal del nuevo fiscal refleje las prioridades para castigar esos delitos de alto impacto social".

Encarar sin demora esos casos, "enviaría el mensaje contundente que la sociedad está esperando, una prueba de que se toman con la mayor seriedad esos casos emblemáticos de impunidad, sería una prueba clara del compromiso con la justicia y el combate a la impunidad del nuevo Gobierno", puntualizó la directora ejecutiva de Fundar.

López Obrador afirma que no es partidario de "una cacería de brujas" y propone "la reconciliación y el perdón".

No obstante, de la misma forma que Clouthier, Pérez Garrido celebra el diálogo que incluyó a juristas reconocidos, en la primera vez que la sociedad civil organizada ha trabajado junto con un gobierno electo, durante dos meses en 15 mesas de trabajo.

Sputnik