Política 29-05-2019

Gana terreno demanda de disolver el Congreso ante crisis en Perú

La demanda de que el Gobierno disuelva el parlamento, ante la negativa de este a sancionar a un fiscal cuestionado por vínculos con la corrupción, ganó terreno hoy, mientras un legislador aseguró que es inminente.

La posibilidad se plantea tras la negativa de la mayoría neoliberal de la comisión permanente a destituir, anoche, al exfiscal de la Nación y actual fiscal supremo, Pedro Chávarry, inhabilitarlo por 10 años para funciones públicas y acusarlo de integrar una organización criminal por sus vínculos con una red de corrupción.

Chávarry tiene, además, cargos por violar el lacrado de la oficina de un asesor suyo pendiente de allanamiento, y extraer del lugar documentos que un fiscal buscaba como posibles pruebas de la protección que el entonces titular del Ministerio Público brindaba a la dirigente neoliberal Keiko Fujimori, presa por lavado de activos.

Mientras, el presidente Martín Vizcarra dijo ayer en un recorrido de inspección de daños causados por un reciente sismo, que 'mientras nosotros estamos acá trabajando, vemos que el Congreso (de la República) sigue blindado' a la corrupción y hoy agregó que la población debe sacar sus propias conclusiones.

Miles de manifestantes de colectivos ciudadanos marcharon ayer en Lima para demandar a Vizcarra que cierre el parlamento unicameral y convoque a elecciones adelantadas y condenaron las resistencias del órgano legislativo a una serie de reformas políticas planteadas por el Gobierno, tema que es otro ingrediente de la crisis.

Para las bancadas de los progresistas Movimiento Nuevo Perú (NP) y Frente Amplio, anoche hubo un escandaloso blindaje a la corrupción, al descartarse un caso al que había dado luz verde la subcomisión de acusaciones constitucionales.

'Esto es un asco, es totalmente lamentable; exhortamos al presidente de la República para que presente una cuestión de confianza', manifestó el legislador Oracio Pacori, de NP, en referencia a que el mandatario demande una renovación de la confianza del Congreso en el gabinete ministerial.

De producirse la negativa, sería la segunda vez y el presidente quedaría constitucionalmente facultado para disolver el parlamento y convocar una nueva elección legislativa en cuatro meses, que modificaría la correlación de fuerzas y la desproporcionada mayoría que tiene el partido neoliberal Fuerza Popular (FP).

El congresista Marco Arana, del FA, dijo que el Congreso, con su actitud, ha perdido totalmente legitimidad -una encuesta publicada ayer le asigna un rechazo de 83 por ciento- y señaló que el mandatario debe plantear la cuestión de confianza.

También legisladores de centro, como Gino Costa, consideraron llegado el momento de que el Gobierno tome la medida extrema ante el escandaloso blindaje a Chávarry y a otro fiscal supremo a él ligado, Tomás Galvez, y también vinculado a la red corrupta.

El presidente del parlamento, Daniel Salaverry, comento en Twitter: 'El voto de la cúpula de FP y sus aliados le da la espalda al pueblo (...) No han cambiado nada, siguen siendo los mismos. ÂíVergonzoso!'.

Salaverry recibió fuertes ataques y hasta insultos de legisladores de FP, los que denostaron también al fiscal José Pérez, prestigiado por su manejo de casos de corrupción o lavado de activos de exgobernantes y el de Keiko Fujimori.

Pérez señaló que como fiscal no se pronuncia políticamente, pero como ciudadano está indignado por el blindaje a Chávarry, tras el cual siente que 'este Congreso no me representa' y se sumó a quienes piden a Vizcarra que presente la cuestión de confianza.

El parlamentario conservador Salvador Heresi afirmó en Twitter que el primer ministro, Salvador del Solar, presentará en las próximas horas al órgano legislativo la cuestión de confianza y adelantó la intención de cuestionarla.

Heresi fue ministro de Justicia de Vizcarra, pero tuvo dimitir tras difundirse una grabación judicial en la que consultada un proyecto para suavizar la legislación contra el lavado de activos, con el señalado jefe de la red de corrupción judicial, César Hinostroza, prófugo en España y extraditable, y ahora es un duro opositor.

Cada vez que se plantea la posibilidad del pedido de confianza al parlamento, los legisladores de FP y su pequeño aliado, el Partido Aprista, responden desafiando al Gobierno a plantearla y a proclamar que no tienen miedo.

Esta vez parlamentaria de FP Luz Salgado se lo tomó en serio y sostuvo que la disolución del no tiene supuestamente sentido porque los ciudadanos tendrían que volver a elegir un parlamento que solo regiría por un año y medio, pues en 2021 hay elecciones generales.

Prensa Latina