Política 29-11-2019

La ONU lamenta el "alto costo humano" de las protestas en Ecuador y critica a las fuerzas de seguridad

La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), dirigida por Michelle Bachelet, cuestionó este viernes el accionar de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones en Ecuador, ocurridas entre el 3 y 13 de octubre, contra las medidas económicas de austeridad anunciadas por el Gobierno de Lenín Moreno.

En efecto, una misión especial de la ACNUDH fue enviada a ese país latinoamericano por invitación del Ejecutivo local, y permaneció allí desde el 21 de octubre hasta el 8 de noviembre. Por su parte, Bachelet brindó un análisis de situación: "Los disturbios del mes pasado tuvieron un alto costo humano", manifestó.

En otras palabras, sumó que "las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas". Además, subrayó que "es importante que los manifestantes no recurran a la violencia". El equipo de la ONU tuvo como objetivo registrar posibles abusos a los derechos humanos, presuntamente cometidos en el marco de las movilizaciones. Así, los expertos realizaron 373 entrevistas y 83 de ellas fueron con aparentes víctimas. Además, recorrieron cárceles en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Guayas.

"Al menos nueve personas murieron y 1.507 resultaron heridas, entre las que figuraban 435 miembros de las fuerzas de seguridad", contabilizan en Naciones Unidas.

El documento también critica el accionar policial para contener a los manifestantes, y remarcó el "empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza". Al mismo tiempo, se destacó que "la actividad represiva de los agentes del orden no se ajustó a las normas y a los criterios internacionales", según los informes procedentes de víctimas y testigos. "El uso de gases lacrimógenos y perdigones causaron cientos de heridos y posiblemente algunas de las muertes", repasa el escrito.

Asimismo, la expresidenta de Chile instó a que las autoridades investiguen las circunstancias de todas las muertes. También planteó que se revisen los protocolos de las fuerzas de seguridad, para que se adapten a los estándares esperados por la ONU.

En ese tono, la ACNUDH sostuvo que se hicieron detenciones arbitrarias: "Se realizaron arrestos masivos y, en varios casos, se efectuaron sin pruebas concretas contra los detenidos". Según datos proporcionados por el Gobierno y la Fiscalía, el 80 % de los aprehendidos fue puesto en libertad posteriormente, pero al 20 % restante se le imputó cargos. En total, el número de personas privadas de su libertad ascendió a 1.382 personas durante aquellos días. "El Gobierno debería velar porque a los liberados sin cargos no se les atribuyan antecedentes penales", solicitó Bachelet.

RT