Política 18-12-2019

Las siete medidas clave de la ley de "solidaridad social" planteada por Alberto Fernández

La Administración del flamante presidente argentino, Alberto Fernández, acaba de enviar un proyecto al Congreso con el objetivo de aplicar una serie de medidas económicas de emergencia para alivianar los gastos en servicios básicos, aumentar las reservas en dólares ante los difíciles compromisos financieros del país, renegociar la deuda externa y reactivar el sistema productivo.

Así, la posible Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva —que puede modificarse durante los debates legislativos— se plantea como una respuesta a la crisis que atraviesa el país sudamericano, a tan solo una semana de haber entrado en funciones el nuevo Gobierno peronista.

Por su parte, el actual ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó detalles de la iniciativa oficial durante una conferencia de prensa este martes.

Congelamiento de tarifas

Tras años de grandes aumentos en los servicios básicos, perjudicando a las familias, comerciantes, y también al sector industrial, se propone sostener los actuales valores del gas y la electricidad por un lapso de hasta 180 días. En ese plazo, se debería rediseñar el sistema de cobros. Por lo pronto, Fernández ya adelantó que los sectores sociales enriquecidos deberían ser los que más paguen.

Además, el texto determina que el Ejecutivo podría intervenir por un año los entes reguladores del gas y la energía, dos organismos que actualmente son públicos, pero autárquicos, y gozan de cierta autonomía administrativa.

Escalas jubilatorias

El Gobierno de Fernández pretende eliminar el sistema de aumentos dispuesto por el expresidente Mauricio Macri, y espera tomarse 180 días para diseñar un nuevo mecanismo. Mientras tanto, dispondrán un bono especial de 5.000 pesos (83 dólares) para los adultos mayores que perciben la pensión mínima.

"Hubo un gran descalabro en el sistema de seguridad social en los últimos cuatro años, lo que se hizo con los jubilados es grave", calificó Guzmán.

Impuesto para la compra de dólares

Ante la imperiosa necesidad de recaudar la divisa estadounidense en las arcas del Estado, y frenar la demanda de la moneda extranjera en la población —Argentina precisa dólares para pagar su deuda externa, entre otros compromisos— el Gobierno quiere aplicar un impuesto para los ciudadanos que adquieran esa divisa.

Así, si se aprueba la medida, habrá una carga del 30 % para la compra de dólares destinados al ahorro de cualquier ciudadano, gastos en turismo, compras y adquisición de servicios en el exterior del país. Por otro lado, queda exento el gravamen en pagos por motivos de salud, así como la compra de remedios, el uso de plataformas educativas y las investigaciones realizadas en un marco estatal.

Por lo pronto, se estipula que el impuesto tenga una vigencia de cinco años.

Bienes personales

Se aumentaría la proporción del Impuesto a los Bienes Personales, es decir, todo aquello que tenga un valor monetario, como sumas de dinero, propiedades o acciones. Así, la escala crecería entre 0,5 % y 1,25 %. En el caso de los bienes radicados en el extranjero, se podría duplicar la carga impositiva máxima, a menos que los fondos reingresen al sistema financiero argentino.

Beneficios para las PYMES

El Ejecutivo propuso que las pequeñas y medianas empresas endeudadas con el Estado puedan retrasar sus pagos correspondientes, considerando que muchas firmas se vieron imposibilitadas de afrontar sus compromisos durante la crisis.

De esta forma, se diseñará un plan de 120 cuotas en las cuales se quitarán multas e intereses, facilitando el cumplimiento de sus responsabilidades financieras.

Renegociar el pago de la deuda

Alberto Fernández pretende que el Congreso le dé atribuciones al Ejecutivo para poder negociar con los acreedores el pago de los préstamos contraídos en el pasado. La lógica del Gobierno es retrasar las respectivas devoluciones, para primero fortalecer la economía local.

En ese marco crítico, Argentina debe afrontar grandes compromisos financieros a partir de marzo, y el oficialismo sostiene que el país no está en condiciones de hacerlo.

"Retenciones" al campo

Se trata del impuesto que abona el sector agropecuario, muy importante para un país que exporta materias primas en grandes cantidades. Así, se actualizan los montos estipulados por la gestión de Macri, teniendo en cuenta los índices inflacionarios de la economía argentina, y se elevan un 3 % algunos porcentajes de ciertos sectores estratégicos.

En efecto, los exportadores de soja pasarían a pagar del 30 % al 33 %, mientras que el trigo y el maíz experimentarían un incremento de 13 % a un 15 % para el fisco. En Argentina, la venta de estos productos primarios genera gran rentabilidad, por eso Fernández les pidió a los agroexportadores "solidaridad" con los más desprotegidos, aunque aclaró que se trata de una suba leve.

No obstante, la propuesta gubernamental ya generó un enorme rechazo en el sector, pero el mandatario subrayó que está dispuesto a debatir su proyecto. Como antecedente, cuando la Administración de Cristina Fernández de Kirchner aplicó nuevos impuestos en el rubro durante 2008, se produjeron grandes manifestaciones opositoras, y cortes de ruta. En medio de esa tensión, ese mismo año Alberto Fernández dejó la Jefatura de Gabinete.

Por su parte, el periodista Raúl Dellatorre sostiene en declaraciones a RT que a diferencia de Mauricio Macri, Alberto Fernández busca ayudar a los sectores de la población más vulnerables.

RT