Política 21-11-2018

Los incumplimientos del acuerdo de paz, según Iván Márquez y otros exjefes guerrilleros

El exnegociador de las Farc y otros exjefes guerrilleros, hoy con paradero desconocido, acusan al Estado de incumplir lo pactado y dicen que la extradición del exjefe guerrillero, Jesús Santrich, sería el fracaso de la paz.

“Lo que hoy llaman Acuerdo de Paz no es el convenido por las partes en La Habana. Es un horroroso frankenstein santanderista. Comparémoslo con el texto del Acuerdo del 24 de noviembre de 2016 refrendado por el Congreso de la República y podremos constatar que le cercenaron el alma y cambiaron su esencia por obra y gracia de la interpretación jurisprudencial, la implementación legislativa y la perfidia del Estado”. Es uno de los apartes de la dura carta que un grupo de excomandantes guerrilleros le envió a Jesús Santrich, detenido desde hace más de seis meses acusado por narcotráfico y en lista de espera de extradición hacia Estados Unidos, en la que, además de expresarle su solidaridad, advierten que si dicha extradición se concreta significará “el fracaso irremediable de la paz”.

Se trata de un documento que, sin duda, debe asumirse como un corte de cuentas al Estado, a pocos días de cumplirse dos años de la firma del Acuerdo del Teatro Colón —el definitivo—, por parte de aquellos exjefes guerrilleros que más han expresado su inconformismo con la manera como se ha desarrollado la implementación de lo pactado. Entre ellos Iván Márquez, el jefe negociador de las Farc en Cuba y de quien no se conoce actualmente su paradero, además de Óscar Montero, El Paisa; Aldinéver Morantes, Edinson Romaña, Albeiro Córdoba, Iván Alí, Enrique Marulanda, Iván Merchán y Rusbel Ramírez, entre otros. “Poco a poco se están cayendo las mentiras del fiscal Martínez. Si no hay pruebas contra ti, deben aplicarte el principio de favorabilidad produciendo tu excarcelación inmediata”, dicen.

Márquez y los otros excomandantes guerrilleros —cuyo paradero se desconoce, pues decidieron mantenerse alejados por lo que ellos denominan inseguridad jurídica y miedo a ser asesinados— critican el papel de Estados Unidos y de su embajador en Colombia, Kevin Whitaker, pues aseguran que han interferido en el cumplimiento de lo acordado: “El proceso soporta hoy presiones infernales de gente muy poderosa implicada en la violencia, que emitió órdenes a la Fuerza Pública que terminaron victimizando a millones de seres humanos, gente acostumbrada a la impunidad y a las tinieblas, que le aterra el sol de la verdad y que por eso prefiere el caos para enterrar la ilusión seráfica de ver a Colombia trazando su futuro a partir del Acuerdo de Paz”, agregan en la misiva.

Y aseguran que el Acuerdo de Paz de La Habana ha sido modificado unilateralmente y que hoy ya no corresponde a lo que pactaron hace dos años, lo cual, resaltan, tiene como garante de su cumplimiento a las Naciones Unidas y su texto final fue elevado a la categoría de Acuerdo Especial y depositado en Viena. “Las alteraciones al contenido del Acuerdo por parte del Estado son al mismo tiempo problemáticas como desconcertantes: si la JEP se concibió para todas las partes involucradas en el conflicto, ¿por qué excluyen de su competencia a los terceros que son civiles o agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública, que de alguna u otra manera victimizaron colombianos con sus determinaciones? Es necesario reiterarlo: la Jurisdicción Especial no fue acordada solamente para la guerrilla, sino para todos los actores del conflicto”, se lee en la carta.

De hecho, los excomandantes de las Farc, hoy convertidas en partido político, atribuyen esas modificaciones a la clase política, a la que acusan de utilizar a los militares para cometer crímenes por los que ahora tienen que responder y no sus autores intelectuales. “Los utilizaron en la guerra sucia y en victimizaciones horrorosas y ahora quieren lavarse las manos como Pilatos. Eso no es justo y no obedece a la verdad. Todo el tiempo utilizaron a las Fueras Armadas para mantenerse en el poder mientras se enriquecían con la corrupción y se llenaban de privilegios”, escriben. Al respecto, también advierten que la modificación planteada a la JEP para crear una sala especial para los uniformados servirá para entregárselos a la Corte Penal Internacional, y agregan: “Es obvio que esto es una jugarreta de los políticos para aplazar el nacimiento de la verdad en torno a lo acaecido en el conflicto y de sus verdaderos responsables”.

Las palabras finales de la carta a Santrich pueden ser interpretadas como una justificación a la decisión de seguir con paradero desconocido, pues reconocen que su captura sembró una enorme desconfianza con el Estado, ya que, según ellos, solo basta una acusación de la DEA para que renazca el fantasma de la extradición, y además recuerdan el asesinato de los más destacados guerrilleros que firmaron acuerdos de paz en Colombia pero fueron asesinados cuando dejaron las armas: “¿Qué nos pueden decir del asesinato de más ochenta guerrilleros luego de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana? ¿Por qué retienen todavía en las cárceles a guerrilleros de las Farc en contravía de lo pactado, que fue su libertad con el compromiso de sometimiento a la JEP? (...) Si se acordó alejar las armas de la política ¿por qué siguen matando y exterminando a los líderes sociales de este país, que ya suman más de 270 sacrificados?”.

EL ESPECTADOR