Política 23-05-2018

Los nuevos y viejos desafíos que esperan al futuro presidente de Colombia

Las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 27 de mayo en Colombia plantean a los aspirantes un conjunto inédito de desafíos en los que aparecen problemas de larga data, como el narcotráfico, junto a otros novedosos, como la inmigración de venezolanos y el afianzamiento de la paz.

Quien resulte ganador de las elecciones deberá atender las relaciones con la vecina Venezuela y decidir si apuesta o no por llevar a término las negociaciones de paz con la guerrilla ELN (Ejército de Liberación Nacional) y por cumplir lo pactado con la desmovilizada insurgencia FARC, convertida en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Inmigración

Colombia, tras muchos años de expulsar desplazados y refugiados de la guerra interna hacia países vecinos, ha pasado a albergar a un millón de venezolanos, que dejaron su país por la crisis económica y social, según cifras oficiales.

El éxodo de venezolanos se mantenía constante desde marzo de 2017, pero en los últimos tres meses se incrementó, y se calcula que a diario unas 37.000 personas cruzan la frontera hacia Colombia, agudizando carencias de atención de salud y de empleo en las regiones fronterizas con Venezuela.

El Gobierno colombiano adelanta un Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), diseñado para conocer y ayudar a la población del vecino país, para lo cual ha recibido unos 39 millones de dólares en cooperación de EEUU.

Relaciones con el vecino

El actual presidente Juan Manuel Santos dijo que Venezuela es su "peor pesadilla", por su situación política y económica que puede derivar en una inmigración mucho mayor lo que pondría en riesgo la frágil estabilidad colombiana e incluso la implementación del proceso de paz.

Además, las diferencias entre Bogotá y Caracas se agravaron en agosto de 2015, cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el cierre de los pasos fronterizos con Colombia tras aducir la infiltración de paramilitares colombianos que chocaban con uniformados venezolanos.

Desde entonces la frontera se ha reabierto y clausurado una decena de veces.

Pese a que Venezuela sirvió como país acompañante en los diálogos de paz con la FARC, las relaciones entre ambos gobiernos se deterioraron cuando Maduro dio vía libre en 2017 a la instalación de una Asamblea Constituyente, considerada ilegítima por la oposición venezolana y también por varios países, entre ellos Colombia.

Narcotráfico

La producción y tráfico de drogas es una constante de la economía y la criminalidad colombiana.

Pero el retiro de la FARC de los territorios que controló por décadas tras la firma de la paz en noviembre de 2016, llevó a que bandas criminales, grupos paramilitares de extrema derecha y el propio ELN intentaran ocupar nuevas zonas de cultivos ilícitos y rutas del narcotráfico.

Además, el Gobierno decidió cancelar en octubre de 2015 la fumigación aérea del herbicida glifosato sobre las plantaciones de coca, por razones ambientales y de salud pública.

Entre 2015 y 2016 las plantaciones de coca crecieron hasta 190.000 hectáreas y seguirían expandiéndose este año, según un informe de la agencia antidrogas estadounidense DEA (por sus siglas en inglés), divulgado en octubre de 2017.

La DEA agregó que el 96% de la cocaína incautada en EEUU entre 2015 y 2016 provino de Colombia, que volvió a ser como en el pasado el principal proveedor de esa droga para el mercado estadounidense.

Bogotá está, por tanto, bajo fuerte presión de Washington, que amenaza con no reconocer los esfuerzos de Colombia para combatir el narcotráfico.

La paz

La implementación del acuerdo de paz con la FARC es un asunto central para quien gobierno Colombia en el próximo período.

El acuerdo, de hecho, divide a los candidatos comprometidos con su implementación, como el izquierdista Gustavo Petro, y quienes buscan desarticularlo o eliminar sus contenidos medulares, como el derechista Iván Duque, delfín del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

El apoyo al acuerdo quedó en entredicho con el plebiscito el 2 de octubre de 2016, cuando el 50,2% de los votantes se pronunciaron por el "No" a lo pactado por el Gobierno y la FARC en La Habana, mientras que el 49,78% lo respaldó.

El acuerdo fue posteriormente adoptado mediante leyes del Congreso, pero con modificaciones que alteraron asuntos centrales, resueltas tanto por los legisladores como por el Poder Judicial.

Los detractores del acuerdo de paz dicen que no se respetó el resultado del plebiscito, un argumento que defiende Duque y que le ha ganado seguidores, aunque también detractores.

Petro, en cambio, cree que es necesario salvar la implementación del acuerdo para beneficiar a los campesinos y en general a aquellos sectores que por décadas fueron los más afectados por el conflicto armado.

Así, la paz con la FARC se convirtió en un tema de campaña y en un ingrediente de la marcada polarización política.

Su implementación, con o sin nuevas modificaciones, será un asunto fundamental que deberá atender el nuevo Gobierno, que tendrá sobre él los ojos puestos de la comunidad internacional, que apoyó sin ambages las negociaciones, el pacto y su cumplimiento.

Diálogo con el ELN

La continuidad de los diálogos con el ELN (última guerrilla activa en Colombia) es otro factor decisivo para que Colombia se pacifique, pero que depende en gran medida de la voluntad del próximo mandatario.

Mientras Petro auspicia su continuación, Duque plantea que primero el ELN inicie un cese del fuego unilateral y suspenda actos de guerra como secuestros y ataques para sentarse a negociar.

De hecho, el actual Gobierno y el ELN están negociando sin que se suspendan las acciones bélicas, aunque el primer punto de su agenda es acordar un cese del fuego bilateral más amplio y duradero que el que observaron entre octubre de 2017 y enero de este año.

Otro candidato derechista, el oficialista Germán Vargas Lleras, asegura que si gana la presidencia el ELN tendrá de plazo hasta el 7 de agosto, día de la asunción del nuevo Gobierno, para mostrar "verdaderas intenciones de paz", sin detallar en qué consisten.

De lo contrario, advierte Vargas Lleras, terminará "con esa farsa", en referencia al diálogo auspiciado por el actual presidente Santos.

Pero organizaciones sociales, campesinas, indígenas y sindicales, la Iglesia Católica y las Naciones Unidas sostienen que la próxima administración debe continuar los diálogos con el ELN para alcanzar una paz completa y duradera.

Sputnik