Sociales 09-07-2018

ONU critica la ‘grave’ situación de líderes sociales en Colombia

Alto Comisionado de los Derechos Humanos calificó el domingo la situación de los líderes sociales en Colombia como algo ‘muy grave’ tras varios asesinatos.

“Colombia es uno de los países en los cuales hay altos niveles de asesinatos, agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos”, declaró el representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, mediante una entrevista con el diario colombiano EL TIEMPO.

Al calificar la situación de estos líderes como “muy grave”, el diplomático precisó que en lo que va de este año se han registrado unos 90 casos de violencia contra los defensores, lo que ha generado una “preocupación enorme”.

En concreto, según el informe del pasado 4 julio de la Defensoría del Pueblo de Colombia entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de este año se asesinaron a “311 ciudadanos colombianos que se dedicaban a ser líderes sociales y defensores de derechos humanos”.

Además, la mayoría de las homicidios han ocurrido en zonas con narcocultivos o minería ilegal, como los departamentos del Cauca (78 homicidios), Antioquia (43), Norte de Santander (21), Nariño (18) y Valle del Cauca y Chocó, ambos con 16.

Brunori en referencia a los orígenes de estos actos violentos informó que la Oficina del Alto Comisionado identificó tres pilares básicos como: “Uno, el sicariato. Dos, que ocurren en áreas de economía ilícita y contra líderes que están en favor de la política de sustitución de cultivos ilícitos. Y, en tercer lugar, la pobreza”.

Mientras que la ONU en varias ocasiones ha exigido a Colombia que reglamente el sistema de justicia, como el resultado del pacto de paz entre el Gobierno de Bogotá y la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para juzgar los crímenes de los conflictos armados, el presidente electo de este país, Iván Duque, junto con otros sectores que se oponen al sistema de justicia han expresado su desacuerdo a la reglamentación por razones jurídicas, desestimadas por la Corte Constitucional.

A finales de 2016, ambas partes suscribieron un pacto que dio luz verde a la Justicia Especial para la Paz (JEP), para otorgar ordenes alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia.

Hispantv