Política 02-08-2019

¿Quién será el próximo gobernador de Puerto Rico? Expertos dicen que pudiera haber un ‘caos constitucional’

Las últimas semanas plagadas de escándalo del gobernador Ricardo Rosselló y el anuncio del 24 de julio de que iba a renunciar dieron a muchos puertorriqueños la sensación de que podían cerrar un capítulo de inestabilidad política sin precedente en la isla.

Pero no ha sido así.

Pero el viernes por la mañana, pocas horas antes que Rosselló debe abandonar el principal cargo de la isla a las 5 p.m., los puertorriqueños no sabrán quién será su próximo gobernante. Y algunos expertos en asuntos de la isla dicen que lo que la Cámara de Representantes decida el viernes tiene el potencial de allanar el camino para una crisis constitucional en Puerto Rico.

El drama político de quién será el próximo gobernador ha quedado abrumado por la incertidumbre en los últimos días, en momentos que legisladores del Partido Nuevo Progresista de Rosselló, que defiende la estadidad de la isla, se apresuraron a reunirse a puertas cerradas y circularon rumores de un cisma entre miembros del partido gobernante.

Según la Constitución puertorriqueña, la persona a quien corresponde el cargo es el secretario de Estado, un cargo que ha estado vacante desde que se filtraron los comentarios profanos de un chat integrado por funcionarios del gobierno, que llevó a la renuncia del entonces secretario de Estado, Luis Rivera Marín. El miércoles, Rosselló nominó a su principal oponente en las elecciones de 2016, Pedro Pierluisi, como secretario de Estado, quien juró el cargo más tarde ese mismo día, y ahora tiene que ser confirmado por la Legislatura.

El jueves, durante una sesión legislativa extraordinaria convocada por Rosselló para decidir exclusivamente la confirmación de Pierluisi, los legisladores decidieron demorar la votación. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aseguró a otros legisladores y a los medios de comunicación que Pierluisi no tiene los votos necesarios para ser confirmado, y programó una audiencia para el lunes, mientras que la Cámara de Representantes acordó celebrar una audiencia y votar sobre el asunto el viernes antes de las 5 p.m.

Si la Cámara no confirma a Pierluisi el viernes, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, se convertiría en gobernadora. Vázquez dijo inicialmente que no estaba interesada en reemplazar a Rosselló, pero desde entonces ha dicho que asumirá el cargo.

Pero si Pierluisi es confirmado solamente por una de las dos cámaras legislativas, pudiera jurar el cargo tan pronto como Rosselló lo abandone. Pierluisi puede hacer esto, dicen expertos, sobre la base de una disputada enmienda constitucional de 2005 al orden de la sucesión que sugiere que Pierluisi pudiera ocupar el cargo sin la aprobación del Senado. Otros abogados opinan que tal sucesión sería inconstitucional.

“Lo primero que [Rosselló] hizo fue nombrarlo [mientras la Legislatura estaba] en receso, no estaba en sesión” de manera que no pudieron confirmarlo de inmediato, dijo el abogado constitucionalista Julián Álvarez González. “Si Pierluisi se aferra a eso... es concebible que pueda jurar el cargo de gobernador a partir de las 5 p.m.”

Álvarez dijo que la Constitución de Puerto Rico expresa claramente que un secretario de Estado nominado a la gobernación tiene que ser confirmado por las dos cámaras legislativas. El asunto ya ha llevado a algunos líderes del minoritario Partido Popular Democrático a decir que planean llevar el asunto a la Corte Suprema de la isla si Pierluisi jura como gobernador.

También es concebible, agregó Álvarez, que Rosselló decida retirar su dimisión. El líder de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, dijo que si eso sucede, la cámara reanudará el procedimiento para hacerle un juicio político a Rosselló.

De otra manera, si Vázquez jura como gobernadora, puede nominar a otro secretario de Estado.

“Sería un caos constitucional”, dijo Álvarez.

Kenneth McClintock, ex secretario de Estado y ex presidente del Senado, había sido mencionado como sucesor potencial de Rosselló.

Ahora experto del grupo de asesoría Politank, con sede en San Juan, McClintock dijo que el país se ha cansado de las protestas y del caos, y que probablemente le de al nuevo gobernador el beneficio de la duda.

“A partir del viernes, no importa a quién escojan, habrá muchas personas dispuestas a darle la oportunidad de probarse”, pronosticó. “Naturalmente, siempre habrá una minoría que va a seguir luchando”.

Agregó que as últimas dos semanas —en que multitudes enormes obligaron a Rosselló a renunciar— son prueba de la democracia en la isla.

“Si hay algo que va a quedar claro para los historiadores de Puerto Rico es que tenemos una Constitución que funciona y protege la libertad de expresión y de asociación” dijo. “Fueron protestas pacíficas que obligaron al gobernador a renunciar y obligaron a un cambio de liderazgo sin derramar ni una gota de sangre”.

Sin que importe cómo se solucionar el asunto del nuevo liderazgo, probablemente seguirá habiendo problemas. En meses recientes ha habido numerosos arrestos por corrupción y corren rumores persistentes de que habrá más arrestos.

Entre las cosas de que más se habla está una investigación de contratos en el Congreso de Puerto Rico que pudiera llegar muy alto. En mayo, el FBI arrestó a tres personas, entre ellos el director ejecutivo de Asuntos de Gobierno en el Senado de Puerto Rico, Ángel Figueroa.

Douglas Leff, agente especial del FBI, ha sugerido que el caso recién empieza.

Pedro Reina Pérez, analista político y profesor de la Universidad de Puerto Rico, dijo que el escándalo pudiera implicar a final de cuentas al presidente del Senado, Rivera Schatz, quien también aspira a la gobernación.

“No sabemos hacia qué lado irá la bola, pero creo que otra ronda de arrestos por parte del FBI es inminente”, dijo Reina Pérez. “Y si eso no incluye al presidente del Senado, pudiera tocar a personas muy cercanas a él”.

Rivera Schatz ha mantenido su inocencia y ha dicho que el escándalo está limitado a unas pocas manzanas podridas. Y no ha habido señal de que Rivera Schatz esté bajo investigación.

Pero los problemas legales pudieran ser una de las razones por las que Rivera Schatz aspira a la gobernación, dijo Reina Pérez.

Ese cargo “le convendría a Rivera Schatz porque le ofrecería alguna protección”, dijo. “Hay mucha gente tratando de cubrirse las espaldas”.

Aunque Rivera Schatz y Rosselló son miembros del Partido Nuevo Progresista, el poderoso legislador ha emergido como uno de los críticos más duros de Rosselló y había temores de pudiera tratar de descarrilar la nominación de Pierluisi.

“La mayor oposición a Rosselló no salió del partido de oposición”, dijo Reina Pérez. “La mayor oposición fue del presidente del Senado”.

Entre las víctimas de esta última serie de escándalos está la relación del gobierno con la poderosa diáspora puertorriqueña. En este momento más de 5.4 millones de puertorriqueños viven en el territorio continental de Estados Unidos, más de 1.3 millones en la Florida.

Fernando Rivera, director del Centro de Investigaciones de Puerto Rico en la Universidad del Centro de la Florida, dijo que grupos puertorriqueños en la Florida fueron clave para la recuperación de la isla tras el paso del devastador huracán María, cuando enviaron millones de dólares y toneladas de asistencia a la isla. Y ahora que se investiga cómo las autoridades usaron esa asistencia, hay preocupaciones.

“La Florida fue el centro de la recuperación y hay mucha controversia sobre qué pasó con esos fondos”, dijo. “¿Habrá una erosión de la confianza en los funcionarios de gobierno que afecte la relación con Orlando, el estado de la Florida e incluso a nivel federal?”

“Que Dios no quiera que haya otro huracán”, dijo. “¿Va a confiar la gente en estas instituciones [puertorriqueñas]?”

EL NUEVO HERALD